NI ESTABAN NI SE LES ESPERABA...

Hace algunas semanas, en este mismo blog, mostré mi escepticismo al respecto de los cambios que se prometían, ¿felices?, en el Partit Popular de Catalunya como consecuencia de la renovación de la dirección en Cataluña y muy singularmente en la directiva provincial de Barcelona.

Fui escéptico, aunque a la vez imprudente al dar un voto de favor, -(el enésimo al PPC)-, a la nueva dirección provincial encabezada por el notario Bosch. Ahora, se decía las cosas irán mejor, abandonaremos la abulia y apatía en que está instalado desde hace muchos años el PPC. Yo no creí en tal afirmación pero, para evitar el calificativo de derrotista, espere a que la cruda realidad me diese, dicho sea con toda la modestia del mundo, la razón.

Pues bien, como diríamos en argot jurídico, a los hechos concretos me referiré.

El pasado día 14, 15 y 16 de enero se celebró en el Colegio de Abogados de Barcelona, huelga decir que es el Colegio más importante e influyente de Barcelona y por ende de Cataluña, una junta general extraordinaria para aprobar los nuevos Estatutos colegiales.

No me interesa reseñar aquí las importantes cuestiones que para la profesión tiene esa normativa colegial sino la importancia e influencia que el Colegio como tal tiene dentro de la tan invocada, y nunca acabada de precisar, sociedad civil catalana Y es ahí, precisamente, donde radica la cuestión importante. El PPC se ha vuelto a comportar como ese partido silente, ensimismado y cobardón que és.

Allí no estaba, ni se les esperaba, ningún cargo o carguillo del PPC. Y lo grave es que no se les esperaba porque si de lo que se trata es de hacer política, si se me permite la expresión, “de alta competición”, se prefiere la butifarrada con los cuatro fieles seguidores de siempre o el tan “manido” encuentro en la casa Regional de Ceuta, que caso de existir me merece el mayor respeto del mundo, pero que tiene una eficacia política limitada.

También se podrá decir, con ingenua razón, que la asamblea de una asociación libre como es el Colegio de Abogados de Barcelona, no es terreno para las trifulcas políticas; aunque eso no lo pensaron determinados colectivos, convenientemente instigados por la Generalitat de Catalunya, que intentaron volver a la carga, entre otras cosas relacionadas con el catalán, con la obligatoriedad de dicho idioma en las comunicaciones con los juzgados en los casos del turno de oficio.

Afortunadamente allí estaban abogados afines a “Ciutadans” que cortocircuitaron adecuadamente, hasta la próxima oportunidad que se les presente a los “abogado-filólogos”, tales pretensiones.

¿Ha cumplido en este caso el PPC con su obligación?, ¿Quién va a responder de esta desidia? Por enésima vez un velo de frustración recae sobre la acción política del PPC.

Pericles